DOCUMENTOS
Kosovo: Ataques de la OTAN



Sarajevo Kosovo:
Representa para los serbios la patria espiritual y la cuna de la nación. En 1389 en el Campo de los Mirlos, cerca de la actual Pristina, el ejército serbio, dirigido por su príncipe Lazar, acabó con el sultán otomano Murad I. Su ejército fue posteriormente aniquilado y Lazar decapitado. Su figura se conservó como la de un mártir que salvó a la cristiandad con un sacrificio que unificó a un pueblo. La población está compuesta por un 90% de albaneses con aspiraciones autonomistas. La elevada proporción de población de origen albanés intentó ser compensada con incentivos en el traslado de serbios. Tito les concedió la autonomía en 1974.

Milosevic le retiró la autonomía a Kosovo en 1989. El ejército yugoslavo comenzó luchando contra el Ejército de Liberación Albanés (UCK) pero después unidades especiales serbias empezaron a expulsar y asesinar a la población albanesa. Durante la guerra de Bosnia-Herzegovina el gobierno de Belgrado intentó repoblar la provincia con ciudadanos serbios. La OTAN entró por primera vez en combate, al realizar en agosto de 1995 una serie de ataques aéreos contra posiciones serbobosnias que forzaron a los serbios a negociar un acuerdo de paz. Tras la firma de los acuerdos de Dayton (1995) se incrementó la tensión interétnica. En diciembre de 1995 Javier Solana fue elegido para ocupar la secretaría general de la OTAN, relevando al belga Willy Claes. Su cargo cobró gran relieve al desencadenarse el conflicto de Kosovo, ejerciendo de portavoz de las decisiones tomadas por el mando militar y los Gobiernos de la Alianza Atlántica. Cesó como secretario general (finales de 1999) y fue nombrado Alto representante para la Política Exterior y Seguridad Común (PESC) de la UE. Poco después fue nombrado secretario de la Unión Europea Occidental (UEO), un cargo equivalente al de ministro de Defensa de la UE. En 1996 el UCK llegó a dominar gran parte del territorio por medio de atentados y acciones armadas. En 1997 tras una serie de manifestaciones estudiantiles duramente reprimidas, EE.UU. prorrogó las sanciones contra Yugoslavia.

Intervención internacional:
En 1998 la ONU decretó un embargo de armas para forzar una negociación sobre la autonomía. Milosevic rechazó el papel del mediador designado por la OSCE y las indicaciones internacionales. En mayo y junio prosigió una escalada de destrucción de pueblos con artillería. Miles de kosovares albaneses huyeron hacia Albania. El UCK hizo un llamamiento a la población para luchar por la independencia. La OTAN y el Grupo de contacto (EE.UU., Rusia, Gran Bretaña, Francia y Alemania) exigió la finalización de la limpieza étnica amenazando con la intervención militar. El 15 de junio la OTAN realizó unas maniobras en el espacio aéreo de Albania y Macedonia como demostración de fuerza ante la entrevista de Yeltsin con Milosevic. Milosevic se comprometió a cumplir las condiciones de la OTAN aunque sin retirar las tropas. El 19 de enero 1999 Trabajadores de la OSCE descubren en Racak una fosa común con cadáveres de 40 albaneses. El 20 de marzo Estallan graves enfrentamientos en Kosovo. Se produce la evacuación de 1.400 observadores de la OSCE.

Primeros bombardeos de fuerzas de la OTAN (24/03/1999):
El 24 de marzo lanzó sus primeros ataques aéreos sobre suelo yugoslavo. Se realizaron en aras del llamado derecho de injerencia humanitaria y sin aguardar a una resolución de la ONU. El 3 de abril la OTAN realiza su primer bombardeo sobre Belgrado. La OTAN justificó su intervención por motivos humanitarios buscando el regreso de los kosovares albaneses. La legalidad de la intervención era cuestionable. El 14 de abril un avión de la OTAN bombardea por error una columna de refugiados. El 22 de abril el mediador especial ruso Victor Chernomirdin visita Belgrado y declara que Milosevic ya no rechaza el envío de una fuerza de paz internacional. El 2 de mayo Yugoslavia libera tres rehenes estadounidenses. El 6 de mayo la OTAN bombardea por error la embajada china. El 3 de junio El parlamento serbio y Milosevic aceptan el plan de paz del G-8. Se necesitaron 70 días de intenso bombardeo y esfuerzos diplomáticos. El 4 de julio los investigadores descubren en Kosovo numerosos indicios de masacres.

Estacionamiento de fuerzas internacionales:
La KFOR y expertos de la UE dividieron Kosovo en 5 zonas de protección internacional. Los daños causados en infraestructuras fueron muy considerables. Durante el desarrollo de la crisis de desplazados, Médicos por los Derechos Humanos efectuó un amplio muestreo demoscópico de refugiados albaneses. Pretendía determinar el patrón y la distribución de abusos, que resultaron ser generalizados. En su inmensa mayoría los refugiados habían abandonado su hogar a causa de las milicias o las fuerzas policiales serbias. Este trabajo contribuyó a la formación de la causa contra Milosevic. La colaboración de las autoridades de Yugoslavia con el Tribunal Penal Internacional para llevar a juicio a criminales de guerra es muy deficiente.


Desplazados civiles por el conflicto yugoslavo El Tribunal Penal de La Haya y los crímenes de guerra cometidos en Yugoslavia:
La Haya, corte de los «cazadores» de monstruos. El Tribunal Penal Internacional se dispone a impartir justicia por los crímenes contra la Humanidad cometidos en la antigua Yugoslavia. La misión del Tribunal de La Haya consiste e en acusar, juzgar y condenar a individuos que hayan cometido violaciones graves del Derecho Internacional y la Convención de Ginebra -que estipula reglas esenciales humanitarias de conducta en la guerra- consumadas en la ex Yugoslavia a partir de 1991.El Tribunal Penal Internacional de Crímenes de Guerra para la ex Yugoslavia (TPI) fue creado en mayo de 1993 con la resolución 827 del Consejo de seguridad de las Naciones Unidas. Está formado por once jueces de diferentes nacionalidades -presididos por el italiano Antonio Cassese- y un Fiscal General -el sudafricano Richard Goldstone- que representa a la acusación pública. El TPI está habilitado para juzgar a personas por su responsabilidad penal individual en la comisión de crímenes contra la Humanidad, genocidio, infracciones graves a la Convención de Ginebra y violaciones de las leyes de guerra. Los crímenes contra la Humanidad juzgados por el Tribunal son asesinato, exterminio, reducción a la esclavitud, expulsión, confinamiento, tortura, violación, persecución por razones políticas, raciales o religiosas y otros actos de carácter inhumano. Este Tribunal Internacional estipula como infracciones graves a la Convención de Ginebra el homicidio intencional, la tortura y el trato inhumano, los experimentos biológicos con personas, el daño intencional psíquico y sanitario, la destrucción y apropiación de bienes no justificada por razones militares, ejecutada arbitrariamente y a gran escala, además de servirse de los prisioneros y civiles como armas contra el enemigo. La expulsión o desplazamiento forzosa de poblaciones civiles, la detención ilegal y la toma de rehenes, son otros tantos delitos que entran dentro de su competencia.

Formas de genocidio:
El Tribunal es competente para juzgar el delito de genocidio entendido como cualquier acto que tenga la intención de destruir, en parte o en su totalidad, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso (en este caso el pueblo bosnio musulmán), aniquilando a sus miembros, atentando gravemente contra su integridad física o mental, obligándoles a la sumisión, forzando sus condiciones de vida hasta provocar la destrucción psíquica y física, total o parcial, y forzando desplazamientos de poblaciones infantiles. Según el TPI, también son culpables de genocidio aquellos que incitan públicamente a cometerlo, los que realizan tentativas para tal fin y los cómplices intelectuales y materiales en cualquiera de las variantes citadas. El Tribunal de La Haya acusa, en este sentido, al líder serbio de Bosnia Radovan Karadzic y el general Ratko de genocidio y crímenes contra la Humanidad «por las atrocidades cometidas contra la población civil de Bosnia, la campaña de destrucción sistemática en Sarajevo, la toma de "cascos azules" como rehenes y su utilización en forma de escudos humanos». En el capítulo de violaciones de las leyes de guerra, el Tribunal juzga el empleo de armas químicas para causar sufrimientos inútiles, la destrucción sin motivo de ciudades y pueblos «no justificados por necesidades militares», el ataque o bombardeo, por cualquier motivo, de ciudades, pueblos y viviendas civiles y la destrucción deliberaba de templos dedicados al culto, el arte, las ciencias y los monumentos históricos. Todos y cada uno de estos delitos han sido consumados a gran escala en el territorio de la ex Yugoslavia entre los años 1991 y 1995. Los serbios de Bosnia y, en menor escala, los croatas, han violado sistemáticamente la Convención de Ginebra hasta el extremo de poder aplicar la legislación «antinazi» del proceso de Nüremberg casi al pie de la letra.

Estructura y procedimientos del Tribunal de la Haya:
Desde el punto de vista organizativo se compone de dos secciones y una cámara de apelaciones. El TPI puede incriminar pero no juzgar en contumancia. Hasta el día de hoy su lista de acusados está compuesta por 52 personas -cuarenta y tres serbios, ocho croatas, tres musulmanes y tres oficiales del ex Ejército Federal Yugoslavo- de las cuales sólo siete ocupan una celda en la prisión que las autoridades holandesas han cedido al Tribunal para el confinamiento de presuntos criminales de guerra.. El TPI es, además, independiente del Tribunal Internacional de Justicia, con sede de La Haya, y ha debatido a puerta cerrada las normas jurídicas y procesales por las que se gobierna, aprobadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estas normas están basadas en el Derecho anglosajón, que excluye, por ejemplo, el proceso en contumancia y prevé la formalidad de la incriminación («indictment») como premisa para un proceso. El presunto criminal de guerra debe ser señalado por la autoridad nacional competente o a través de testigos de cargo e individuos que aportan información sobre el caso. Sólo el fiscal general del tribunal puede ordenar la apertura de una investigación. La pena de muerte está excluida de sus decisiones, la máxima que puede imponer el Tribunal Penal Internacional es la cadena perpetua y, en caso de producirse, las condenas deberán ser cumplidas, fuera de los territorios que componían la antigua República Federal de Yugoslavia, en países que ofrezcan sus prisiones para recibir a los «monstruos balcánicos».

Acusación a Yugoslavia de Estado criminal:
El Tribunal acusa a Yugoslavia de ser un «Estado criminal»Por primera vez desde el comienzo del sacrificio étnico en la ex Yugoslavia - llevado a cabo principalmente por el ex Ejército Federal (JNA), las milicias territoriales y los grupos paramilitares serbios- el Tribunal Penal Internacional acusó oficialmente a la Federación Yugoslava (Serbia y Montenegro) de ser un «Estado criminal» cuyo Gobierno «da refugio y sostiene a criminales de guerra». La Sala Primera del TPI, presidida por el francés Claude Jorda, ha solicitado al presidente del Tribunal, Antonio Cassese, que traslade su decisión al Consejo de Seguridad de la ONU. El TPI condenó en los términos más duros empleados hasta el momento el encubrimiento de criminales de guerra serbios por parte de Belgrado. El TPI ha otorgado la razón al fiscal sustituto Clint Williamson, de los EEUU, quien declaró el pasado jueves que un Gobierno (el de Belgrado) que «concede refugio y sostiene a criminales de guerra» es llamado en todo el mundo «Estado criminal». En el acta de acusación por la masacre del hospital de Vukovar, consumada tras la rendición de la ciudad en el invierno de 1991, durante la guerra de Croacia- el fiscal Williamson acusa a Belgrado de proteger a los tres oficiales serbios del Ejército Yugoslavo que ordenaron y participaron en la matanza.


Limitado apoyo a los tribunales internacionales:
Seguramente la cultura de la impunidad referida a países con regímenes totalitarios o dictatoriales ha disminuido de manera notable en las últimas décadas. Ahí está, por ejemplo, la Corte Penal Internacional (CPI), creada en 1998, que permite juzgar a grandes criminales de guerra, como Slobodan Milosevic o Charles Taylor, o el extraordinario intento de procesamiento del general Augusto Pinochet por parte del juez español Baltasar Garzón, nunca suficientemente valorado y agradecido. La mejora en ese campo ha sido sustancial, aunque convenga resaltar que en las últimas semanas la propia CPI está siendo objeto de un serio ataque, porque Estados Unidos y Francia consideran la posibilidad de paralizar el caso abierto contra el presidente de Sudán, Omar al Bashir, y contra seis importantes funcionarios de Kenia, notables carniceros todos ellos, acusados de crímenes contra la humanidad. Una operación que puede tener penosas implicaciones respecto a un paulatino recorte futuro de las funciones de la Corte Penal. Pero al margen de la CPI y de los casos más extremos que ella juzga, parte de la ciudadanía occidental percibe un incremento de esa misma cultura de la impunidad en sus propias sociedades, que además parecen sentirse cada día más fatalistas al respecto. Probablemente no hay palabra que defina mejor la decadencia de una sociedad democrática, basada necesariamente en el imperio de la ley, que la impunidad, incluso cuando no se refiere a grandes crímenes. (Soledad Gallego-Díaz ,feb 2011)

Respaldo a la declaración unilateral de independencia:
La Asamblea General de la ONU le preguntó al Tribunal de la Haya específicamente si la declaración unilateral de independencia pronunciada por las instituciones kosovares se ajustaba al Derecho internacional. El Tribunal dictaminó que la independencia era conforme al Derecho internacional. ¿Cuáles son las razones que condujeron al Tribunal a sostener tal opinión? Un contexto histórico muy preciso. Una crisis humanitaria de primer nivel, asociada a una guerra civil que hizo inevitable la intervención de la ONU. Esta fue acordada por Resolución del Consejo de Seguridad [1244 (1999)] que, además, contemplaba el nombramiento de una administración internacional interina. Ésta, a su vez, con el respaldo de dicha resolución, aprobó un “marco constitucional” para Kosovo. Una y otra resoluciones fueron consideradas por el Tribunal como normas de Derecho internacional que debían servir como únicos parámetros para determinar la legalidad de la declaración de independencia. Es el Derecho internacional, por consiguiente, el que no sólo ha protegido a los habitantes de Kosovo sino, además, la ha constituido como entidad jurídica con sus instituciones de autogobierno. Al así hacerlo, la nueva legalidad internacional rompió y desplazó la legalidad interna de la República de Serbia. La licitud de la declaración de independencia de la autoproclamada Asamblea de Kosovo debía determinarse conforme a la nueva legalidad. El Tribunal considera que no hay ilicitud porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no había establecido nada sobre cuál debía ser el estatus final de Kosovo, una vez finalizada la administración internacional interina, ni tampoco había incluido prohibición alguna relativa a que las instituciones de autogobierno pudiesen declarar la independencia. La nueva legalidad, instituida por la intervención internacional, había creado un vacío que podía ser llenado, como hizo la autoproclamada Asamblea: los representantes de los kosovares resolvían, mediante la independencia, la cuestión sobre el estatus final de Kosovo. El silencio del Derecho internacional lo llenaron los gritos de los secesionistas. El requisito imprescindible para que la declaración unilateral de independencia pueda prosperar en el Derecho internacional refulge con claridad: la ruptura del orden legal interno, como consecuencia de una intervención internacional para resolver una crisis humanitaria de primer nivel: una guerra civil. En otro contexto, no sería admisible, en particular, en el de la normalidad democrática y constitucional. (Andrés Betancor, 2012)


[ Menú Principal | Religión | Irak | Israel | Palestina | Afganistán | Pakistán ]