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Trump: Asalto al Capitolio (2021):
Trump fue repitiendo por adelantado que no se puede confiar en el resultado de las elecciones.
Perdió por unos siete millones de votos frente a Biden en las elecciones del 3 de noviembre.
En noviembre de 2020 QAnon Shaman [Chansley] publicó en redes sociales entradas en las que promovía ahorcamientos para traidores.
El 2 de enero Trump llama al secretario de estado de Georgia para que encuentre la diferencia de votos (11.780) que le faltó para ganar.
El 4 de enero Enrique Tarrío, líder del grupo Proud Boys residente en Miami, es detenido en Washington.
El 5 de enero personal de la Casa Blanca se dedicó a presionar a representantes republicanos para que se negaran a reconocer los resultados de los colegios electorales y para que a su vez presionaran a Mike Pence para que rechazara la certificación de Biden.
Existieron planes para poner en marcha actos de intimidación con rasgos violentos de funcionarios federales.
Según la prensa de investigación algunos funcionarios de la Casa Blanca han mostrado su preocupación por las implicaciones legales de su participación en este tipo de actos.
Los oradores de la manifestación Stop the Steal mantuvieron un uniforme tono incendiario.
Un destacado grupo de representantes políticos participó activamente en su organización o animó a asistir.
● Es fundamental la unidad de todos los demócratas de EE.UU. para aislar al virus lesivo para la democracia que Donald Trump encarna. En primer lugar, corresponde al Partido Republicano desconectar por completo de esa dañina figura y recuperar la nobleza de gran parte de su historia. (El País, editorial 06/01/2021)
Asalto al Capitolio:
Unas 10.000 personas marcharon hacia el Capitolio y unas 800 irrumpieron dentro del edificio.
Se salda con la pérdida de cinco vidas. Cerca de 140 agentes resultaron agredidos.
La irrupción de una violenta turba sin control pudo haber terminado en el asesinato de Mike Pence.
Se llevó a cabo el día preciso en que tiene lugar el proceso que marca el final del ciclo electoral, la certificación de los votos de las elecciones.
Los intervinientes en el acto organizado por Trump a poca distancia del Capitolio fueron encendiendo los ánimos con llamadas a actuaciones por la fuerza.
El mismo Trump dijo que la lucha era la única alternativa para que el país siguiera existiendo. Nunca concederemos, nunca aceptaremos la derrota.
Mo Brooks (Alabama) confirmó que llevava un chaleco antibalas durante su incendiaria intervención en el acto.
Según las encuestas la mayoría de estadounidenses culpa al expresidente Trump del asalto.
Los tuits de Trumps mientras se desarrollan los hechos no condenan los actos violentos, ni la irrupción en la sede parlamentaria, ni piden el fin del asalto.
Múltiples representantes republicanos tratan de ponerse en contacto con Trump para que ordenara el fin del asalto.
El senador Ben Sasse dijo que un testigo le contó que Trump seguía las imágenes del asalto con actitud de estar encantado.
Biden declararía que no es una protesta, es una insurrección.
El Departamento de Defensa se pronunció garantizando el respeto de la institución a la Constitución y la democracia.
Christopher Miller, secretario interino de Defensa, para mostrar su postura democrática y actitud de apoyo, comunicó que permanecía en contacto con los líderes de los partidos.
Hemos activado completamente la Guardia Nacional para ayudar a las fuerzas de seguridad federales y locales [...] Nuestro personal hizo un juramento de defender la Constitución y nuestra forma de gobierno democrático y actuarán de acuerdo a él.
Cuando finalmente Trump pidió a sus partidarios que se retiraran a sus casas insistió en sus acusaciones infundadas de fraude.
La alcaldesa de Washington DC anunció un toque de queda que entró en vigor a las 18:00 horas.
Con el Capitolio policialmente controlado Trump compartió en un nuevo tuit un video en el que se dirigía a sus seguidores como grandes patriotas.
Otra vez promueve su falsa teoría de que las elecciones le fueron robadas y Twitter le bloquea la cuenta por 12 horas.
Twitter, Youtube y Facebook retiraron el video por incitación a la violencia y por avivar la teoría de fraude electoral.
Liz Cheney responsabilizó a Trump de los disturbios del día. No hay duda de que el presidente formó la turba, incitó a la turba y se dirigió a la turba. Él prendió la llama.
Robert Reich llamó al conjunto de eventos intento de golpe de Estado.
Los 50 estados y el Congreso certificaron los resultados electorales.
Decenas de jueces, incluidos los del Tribunal Supremo, desestimaron las denuncias de fraude.
En enero el Departamento de Justicia concluyó que no había ningún indicio de que hubiera fraude organizado para alterar el resultado.
William Barr abandona el DOJ antes de lo previsto.
En mayo se retoma la auditoría que la empresa Cyber Ninjas realiza sobre los votos de las elecciones en el condado de Manicopa (Arizona). La auditoría está financiada por donantes de Trump.
Cyber Ninjas, con sede en Florida, no tiene ninguna experiencia previa en procesos electorales.
Su propietario difundió en 2020 numerosos bulos a favor de Donald Trump sobre las elecciones presidenciales.
Las papeletas habían sido previamente contadas y sus cifras cotejadas varias veces en presencia de supervisores de los partidos.
Según un auditor se buscaron fibras de bambú para determinar si China participó en el fraude como apunta un rumor de las redes de QAnon.
Los expertos en procesos electorales califican los métodos de la auditoría de Manicopa como una serie de tareas realizadas de forma nada profesional.
En Arizona Biden obtuvo unos 10.000 votos más que Trump.
A nivel nacional el 61% de los republicanos piensa que las elecciones fueron fraudulentas y el 53% de los votantes republicanos cree que Donald Trump es el legítimo presidente y que las elecciones del 2020 fueron falsificadas mediante votos ilegales, a pesar de que perdió por unos siete millones frente a Biden. El porcentaje se eleva hasta el 61% cuando se pregunta si creen que al republicano le robaron las elecciones.
En mayo decenas de parlamentos estatales controlados por los republicanos habían aprobado casi 400 leyes electorales que tendrán como efecto la restricción del derecho al voto, de acuerdo con el análisis del Brennan Center for Justice de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.
Estos cientos de leyes restrictivas con el fraude como excusa supuestamente deben hacer frente a solo 16 casos de fraude de voto entre 160 millones de papeletas en el 2020 y cero casos documentados de fraude en Arizona.
Algunas de estas leyes pretenden insertar en organismos electorales a individuos politizados con capacidad de ralentizar los recuentos y suspender la certificación de los resultados.
Los demócratas negociaron cambios en la composición de la comisión investigadora del asalto y su duración con el fin de conseguir el apoyo de los republicanos. La oposición de la cúpula republicana en el último minuto llevó a que al final solo 35 conservadores la apoyaran en la cámara baja. En la Cámara Alta se necesitaban 10 votos republicanos pero solo seis respaldaron la propuesta.
A finales de julio había 535 asaltantes arrestados y 165 inculpados.
Cuando ante la comisión del Congreso declaran varios representantes de las fuerzas del orden comentaristas de la cadena Fox ridiculizan las intervenciones.
En el condado de Fulton (Georgia), que experimentó un aumento en el número de votantes y fue un lugar clave para la victoria del partido demócrata, los republicanos reclaman una nueva auditoría (julio).
Los funcionarios a cargo del proceso electoral son repetidamente amenazados e injuriados por individuos que se conducen de manera muy agresiva. El responsable del registro de votantes dimitió.
El 6 de agosto el historiador especializado en mandatos presidenciales Michael Beschloss afirma que Trump captaba asesores a los que les atrae la mecánica de los golpes.
Califica las maniobras ilegales de Trump como un caso mucho peor que el Watergate, la peor crisis constitucional de la historia de EE.UU.
Dijo que Nixon puso en marcha la masacre del sábado por la noche intentando anular las investigaciones del fiscal especial Archibald Cox, incautando la documentación de la investigación y cerrando la oficina del equipo de investigadores.
La intención de Trump de subvertir la legalidad negando los resultados de la elecciones quedó registrada en numerosos emails de funcionarios que se opusieron a las múltiples instrucciones ilegales y presiones recibidas del poder ejecutivo.
El 20 de agosto Enrique Tarrío es sentenciado a cinco meses de prisión por haber quemado una bandera que retiró de una iglesia histórica negra y por llevar a Washington cargadores de rifle de alta capacidad. Más de una decena de miembros de los Proud Boys habían sido imputados por el asalto.
Ese día la prensa anuncia que el FBI tiene evidencias de que diversos actos relevantes del asalto se realizaron de forma coordinada.
El 23 de agosto se anuncia que según la investigación interna de la policía del Capitolio el agente que disparó sobre Ashli Babbit actuó de forma legal y de acuerdo con las reglas y la política departamental. Las acciones del oficial potencialmente salvaron a miembros y personal (del Congreso) de lesiones graves y eventual muerte frente a una gran multitud de alborotadores.
Trump había calificado con anterioridad (11 agosto) la actuación en una comunicación escrita como un asesinato.
Informó de que habló con la maravillosa madre de Babbit y advertía que sus partidarios conocían el nombre del perpetrador del asesinato.
En septiembre el chamán de QAnon acepta una pena recomendada de entre 41 y 51 meses de prisión por haber obstruido un procedimiento oficial durante una sesión del Congreso.
Por el mismo cargo otro acusado [Hodgkins] recibió en julio una pena de ocho meses de prisión tras haberse declarado culpable (junio).
El juez federal que sentenció a Hodgkins se refirió a la bandera de Trump que portaba en la cámara del Senado: No con una bandera norteamericana sino con una que declaraba su lealtad a una sola persona por encima de la nación [...] En ese acto queda capturada la amenaza a la democracia que todos pudimos contemplar ese día.
Cuando el caso de Chansley estaba visto para sentencia 50 asaltantes se habían declarado culpables.
El abogado de Chansley dijo que su cliente ha repudiado el movimiento QAnon.
El juez indicó que Chansley literalmente encabezó la carrera hacia el edificio.
En agosto 7 miembros de la Policía del Capitolio demandaron a Trump por haber incitado a la violencia con sus declaraciones infundadas sobre fraude electoral.
Comisión del Congreso:
Se encarga de investigar el asalto y tiene como presidente [chairman] al congresista Bennie Thomson.
Solicitó a los operadores de telefonía que preservaran los registros de las llamadas efectuadas por algunos miembros del Congreso.
Se solicitó a la Casa Blanca que guardase un amplio conjunto de los registros alrededor del día de los eventos.
El 6 de septiembre se anuncia que la comisión ha enviado 35 solicitudes por escrito para que operadoras y empresas de comunicación preserven registros sobre comunicaciones.
Entre ellas están Google, Microsoft, Signal (app para la encriptación de mensajes), Parler, 4chan y Gab.
Taylor Green advierte en entrevista en la cadena Fox que un futuro gobierno republicano cerraría [they will be shut down, and that's a promise] las empresas que colaboraran con la comisión.
Kevin McCarthy anuncia que colaborar con la comisión supondría infringir una ley que no especifica y que una mayoría del Partido Republicano no lo olvidaría.
Jim Banks, propuesto por Kevin McCarthy para ser el miembro de mayor rango en el comité que organizaba Pelosi, envió una carta a Thompson para que no recabara registros:
Hurgar en los registros de llamadas de sus colegas supondría apartarse de más de 230 años de supervisión del Congreso" [...] Este tipo de iniciativa autoritaria no tiene cabida en la Cámara de Representantes y la información que busca no tiene ningún propósito legislativo concebible.
Trump hizo circular un comunicado sobre el alcance de la confidencialidad de las reuniones del personal con el Presidente [executive privilege], con afirmaciones de dudosa consistencia legal. El departamento legal de la Casa Blanca aclaró que la protección de la confidencialidad no se aplica para defender intereses personales de individuos.
Los archivos nacionales custodian una importante cantidad de documentos que, según anunciaron, pondrán a disposición de la comisión sin poner cortapisas legales.
Otra línea de investigación anunciada es el análisis de las campañas de desinformación llevadas a cabo en las redes sociales.
Como reacción a la solicitud de registros Mo Brooks se refirió a la comisión como un engaño semejante al de la colusión rusa.
A mediados de septiembre la Policía del Capitolio anuncia que ha investigado a 26 policías por negligencia y tomará medidas disciplinarias contra 6 agentes.
Tres de esos seis agentes serán sancionados por su conducta inapropiada, otro lo será por su falta de cumplimiento de órdenes, otro por declaraciones inapropiadas y otro por distribución inapropiada de información.
Los vídeos mostraron a algunos agentes aparentemente retirando barreras de protección alrededor del edificio y tomándose fotos con asaltantes.
Una parte considerable de los miembros electos del Partido Republicano ha abrazado el espíritu insurreccionalista, con los gobiernos estatales implementando nuevas leyes que los ayudarán a eludir a los votantes en las próximas elecciones, básicamente poniendo obstáculos selectivos para votar. También una parte considerable de la derecha está convencida de que la insurrección y la violencia política futura es justificable e incluso necesaria. Según la encuesta de ABC/Ipsos (2022) la mayoría del electorado republicano cree que los insurrectos estaban protegiendo la democracia y de ahí deriva la repetida afirmación de que las personas que han sido detenidas son víctimas o presos políticos del gobierno de Biden.
2023:
En abril de 2023 Giuliani viajó a Mar-a-Lago con su abogado Robert Costello para hablar sobre los “honorarios legales de siete cifras” que ha acumulado desde que Trump dejó el cargo.
Trump se comprometió a colaborar con algunos gastos sin concretar cantidades ni fechas.
En agosto de 2023 el abogado de Giuliani Adam Katz dijo a un tribunal de Nueva York que Giuliani tiene serias dificultades económicas para afrontar honorarios legales. Sus obligaciones de pago incluyen 90.000 dólares en sanciones de un juez en un caso de difamación. Giuliani vio como su licencia de abogado fue suspendida en Nueva York y Washington.
El PAC Save America de Trump está pagando los honorarios de los abogados de Kash Patel, Dan Scavino, Peter Navarro, Stephen Miller y Scott Perry.
En lo que va de 2023 ha pagado más de 20 millones de dólares en honorarios legales y un total de 40 millones desde 2021.
En 2023 Smartmatic en comunicación pública aludió a correos electrónicos enviados por la cadena de extrema derecha OAN a Sidney Powell y Mike Lindell en los que les facilitaba una lista de empleados de Smartmatic junto con contraseñas de acceso a sus sistemas.
Smartmatic afirma que la campaña de desinformación sobre manipulación de los resultados de 2020 le ha costado 2 mil millones de dólares.
Los correos electrónicos no son privilegiados [y les asiste el derecho de afirmar su existencia] y aumentan sus acusaciones de difamación. Muestran cómo OAN participó en un delito al solicitar, revisar y difundir información diseñada para ayudar a los malos actores a piratear las comunicaciones por correo electrónico de Smartmatic. Esta comunicación es una persona que proporciona información obtenida ilegalmente a otra persona [...] Eso es un delito, no una comunicación privilegiada [...] Las discusiones internas y externas de OAN sobre las contraseñas robadas representan evidencia circunstancial de que OAN tenía la intención de dañar a Smartmatic y socavar la confianza de la gente en las elecciones de 2020.
OAN tiene un seguro contra demandas de difamación y la compañía de seguros contrató para su defensa a prestigiosos abogados de la Primera Enmienda.
Según el abogado de OAN Babcock un pago de 500 millones supondría la eliminación de la cadena.
En 2023 Fox News se vio obligada a pagar 787 millones de dólares a Dominion.
En enero de 2024, celebrado el caucus de Iowa, 30 Estados mantienen gestiones legales para excluir a Trump de participar en las elecciones de noviembre.
Las decisiones de los funcionarios electorales y Secretarios de Estado locales pueden ser objeto de revisión por las Cortes Supremas de los distintos Estados.
La Corte Suprema de Colorado sentenció en diciembre que Trump no es elegible como candidato según la Enmienda 14.
La Corte Suprema de EE.UU. acordó a principios de enero escuchar la apelación de Trump.
La Corte Suprema de Oregón sentenció que el bloqueo del candidato en las papeletas debe quedar en suspenso (como ocurre en los Estados de Colorado y Maine) hasta que se pronuncie la Corte Suprema de EE.UU.
El caso perseguido por Jack Smith para demostrar que Trump conspiró para anular los resultados de las elecciones de 2020 se encuentra pendiente de respuesta en un tribunal de apelaciones, y posteriormente queda el recurso de volver a apelar ante la Corte Suprema de EE.UU. En este caso el argumento principal de la defensa es que los presidentes tienen una inmunidad ilimitada.
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