Tenerife
Las Teresitas (II)



El edificio de Las Teresitas se levantó sin autorización alguna, dice la fiscal (30/10/08):
La denuncia de la Fiscalía por un presunto delito contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística en la construcción, ahora parada, del edificio de aparcamientos y locales comerciales de la playa de Las Teresitas sostiene que el Ayuntamiento de Santa Cruz llevó a cabo estas obras "sin contar con las autorizaciones preceptivas" ni la Dirección General de Costas, pese a que el proyecto prevé que los trabajos invadan el dominio público marítimo terrestre, ni del Gobierno canario, a pesar de que el inmueble se levanta en la franja de servidumbre de protección, de la que es competente esta administración. Pero es más, el Ministerio Fiscal advierte de que "no era posible" conceder tales permisos, porque la Ley de Costas prohíbe acometer obras en zonas donde, como es el caso de Las Teresitas, está aún en trámite la fijación de un nuevo deslinde público. Por estos hechos, la fiscal Inmaculada Violán formuló el 31 de julio una denuncia ante el Juzgado Decano de Santa Cruz de Tenerife en la que pide que declaren como imputados los concejales de Urbanismo desde que se aprobó el proyecto (en diciembre de 2004), es decir, Manuel Parejo y Luz Reverón (ambos de Coalición Canaria), así como tres funcionarios "que evacuaron informes favorables previos": Epifanio Gómez Sánchez, director técnico; Loreto Aríz Alonso, jefa de servicio, y Candelaria Benítez Pérez, técnico de coordinación administrativa del servicio. Se da la circunstancia de que ésta última es concejal de Hacienda y Personal en el Ayuntamiento de El Rosario, gobernado por el PSOE, el mismo partido que ha denunciado estos hechos en Santa Cruz. Los otros dos denunciantes en este caso son el grupo ecologista ATAN y la Asociación de Amigos de la Playa de Las Teresitas, Anaga y su Litoral. Un aspecto que la fiscal pone de relieve es que cuando el Ayuntamiento adjudicó las obras, "únicamente" existía "en proyecto un convenio de colaboración" entre el Ministerio de Medio Ambiente "que aún no había sido firmado y además estaba supeditado con carácter previo a un nuevo deslinde" público de la playa. Es un convenio que Costas ha decidido no firmar, pese a un preacuerdo inicial con el Ayuntamiento, hasta que se resuelva de forma definitiva el contencioso judicial sobre el frente de playa (el Tribunal Supremo anuló en 2007 la compraventa de once parcelas por el Ayuntamiento a Inversiones Las Teresitas SL por 52,6 millones de euros). Pues bien, concluye la fiscal Violán que el Ayuntamiento aprobó y autorizó las obras "a través de toda una serie de resoluciones dictadas (...) sin haberse recabado las autorizaciones preceptivas, con pleno conocimiento de ello, sabedores [técnicos y cargos públicos] de que el convenio con el Ministerio no se había aún firmado y de que se encontraba en trámite un nuevo deslinde". Además, la Fiscalía subraya, como otra de las irregularidades, que el Ayuntamiento modificó el proyecto del edificio "en aspectos sustanciales, tales como el aumento de una planta más [en este caso, subterránea] sin que de ella se diera cuenta a la Dirección General de Costas ni a la Comunidad Autónoma, y sin constar de momento que tal modificación pudiera resultar acorde con el planeamiento urbanístico". La fiscal aclara, por otro lado, que las obras del edificio (el mamotreto, según sus detractores) "no ha afectado de momento a zona de dominio público marítimo terrestre, pero sí a la zona de servidumbre de protección", pero dice que "de llevarse a cabo la totalidad de las obras" proyectadas, "se produciría una invasión" sobre la franja pública. (Vicente Pérez, Diario de Avisos)


Empresarios:
No sólo por el suculento pago realizado por una playa que ya era en parte de titularidad municipal -52,5 millones de euros-, también por la creciente certeza de que todo el asunto supuso un extraordinario negocio para Ignacio González y Antonio Plasencia, dos empresarios con excelentes relaciones económicas y políticas con el poder local en Santa Cruz de Tenerife. Para justificar la actuación de ambos en este "affaire", en el que multiplicaron en brevísimo espacio de tiempo el capital invertido en la compra de los terrenos, facilitado además por una cuestionable operación crediticia de la quebrada CajaCanarias, se ha dicho que los empresarios están para ganar dinero. Sin duda: las empresas deben hacer negocio y ganar dinero. El problema es que deben hacerlo con transparencia y en igualdad de oportunidades, arriesgando su propio peculio y cumpliendo las leyes. En esta extraordinaria operación, los empresarios ganaron muchísimo dinero, prácticamente sin poner un duro. La compra inicial de los terrenos de Las Teresitas se produjo con un préstamo, y la venta se realizó a un ayuntamiento que -probablemente, eso debe demostrarse a lo largo del juicio- ya era dueño de una parte importante de los terrenos comprados. Los empresarios amortizaron el crédito con lo que les pagó el ayuntamiento, y luego vendieron la parte de Las Huertas con unas plusvalías extraordinarias. Todo ello moviéndose en el terreno de lo público: un chivato que avisa de la decisión que va a adoptar el Supremo en relación a las parcelas, un contacto en la junta de compensación que agiliza su compra por los empresarios, una caja de ahorros que presta la pasta que haga falta sin hacer muchas preguntas, y un ayuntamiento que paga más de lo que vale lo que le ofrecen. Eso no es hacer negocio. Eso es más bien un pelotazo. (Francisco Pomares, 01/12/2015)


Vía libre para iniciar el puerto de Granadilla (02/04/08):
El Gobierno canario elimina el último obstáculo legal y se prevé que las obras arranquen en las dos próximas semanas. Tras un culebrón iniciado allá por los primeros años setenta, en los que se empezó a consolidar el proyecto de construir un puerto en la costa de Granadilla como alternativa o complemento al de Santa Cruz de Tenerife, ya no queda obstáculo legal alguno que impida a la Autoridad Portuaria comenzar las obras. El último trámite fue removido en su reunión de ayer por el Gobierno de Canarias, cuyo Consejo acordó constituir la fundación pública Observatorio ambiental puerto de Granadilla. Habida cuenta que el propio presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Rodríguez Zaragoza, ha manifestado en reiteradas ocasiones su deseo de arrancar cuanto antes, todo apunta a que los trabajos para la construcción de la polémica instalación se iniciarán en las próximas dos semanas. Hay que recordar que los planes de la Autoridad Portuaria han encontrado una fuerte oposición por parte de grupos ecologistas y hasta algunos representantes políticos, entre los que se incluye la hoy alcaldesa de Granadilla de Abona, Carmen Nieves Gaspar Rivero. Estas críticas provocaron en su día que se desechase el plan original de erigir un macropuerto para adoptar la idea actual, mucho más reducida que el anterior en sus dimensiones. Esta nueva concepción de la futura instalación sureña logró recabar el visto bueno tanto del Ministerio de Medio Ambiente como del de Fomento y hasta de la Unión Europea.

Fundación:
Por lo que respecta a la fundación, el Gobierno de Canarias acordó su constitución, y en ella participarán el Ejecutivo canario y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. El Consejo de Gobierno celebrado ayer aprobó también los estatutos que regirán esta institución y, como dotación fundacional, ha acordado proceder al desembolso de 195.000 euros, que corresponden al 30 por ciento del importe total destinado a este concepto, que asciende a 650.000 euros. La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife correrá con los gastos del 70 por ciento restante, que corresponde a 455.000 euros, según los estatutos de la fundación. El prestigioso bioólogo Antonio Machado Carrillo es uno de los nombres barajados para dirigirla. El Gobierno de Canarias considera el proyecto de construcción del puerto industrial en Granadilla una infraestructura de importancia estratégica para la provincia de Santa Cruz de Tenerife, como consecuencia del agotamiento de la capacidad de las actuales instalaciones y porque no existe otra localización viable en toda la isla de Tenerife. (S. Zamora / T. Fumero, Diario de Avisos)


La ampliación del puerto saldrá a concurso por 26,8 millones:
[2008] El tráfico total de Puertos de Tenerife mejoró un 1,8% hasta abril. El puerto de Santa Cruz de Tenerife ha sacado a concurso la construcción de la línea de atraque en la Dársena del Este del puerto capitalino para el almacenamiento de contenedores, además de la canalización del barranco del El Bufadero junto con obras paisajísticas para mejorar la calidad urbanística del entorno de María Jiménez, por un presupuesto inicial de 26.855.762, 52 millones de euros, según anunciaba el lunes el Boletín Oficial del Estado. Los cuatro proyectos deberán ejecutarse en un plazo máximo de 20 meses y el plazo de entrega de las ofertas será el 14 de julio de 2008. El anuncio advierte además que las ofertas deberán mantenerse al menos durante tres meses tras conocerse las propuestas. El importe total del proyecto supera los 26 millones de euros divididos en 20,2 para la II fase de la construcción de la base de contenedores; 5,4 se destinarán a la obras de canalización y recubrimiento de la desembocadura del barranco de María Jiménez y 1,17 para las obras de adecuación paisajística y el acondicionamiento de la Vía Litoral Frente a María Jiménez. Este proyecto forma parte de la ampliación del puerto de Santa Cruz de Tenerife y que aspira a duplicar el número de contenedores del puerto en al menos 400 más. La obra ha contado con cierta resistencia por parte de los vecinos del barrio capitalino de María Jiménez, que abogaban por la reconversión en una zona de esparcimiento en el lugar donde antes se encontraban los viejos astilleros del muelle de la isla. Asimismo, Puertos de Tenerife indicó ayer, en un comunicado, que los puertos dependientes de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife registraron de enero a abril del año en curso una mejora del 1,83% en su tráfico total, con 6.467.420 toneladas movidas, 116.451 más que en el mismo periodo del año pasado. (Europa Press)

● Podemos intuir que la degeneración intelectual de buena parte de la clase política, y de los llamados emprendedores -los que, por ejemplo, emprendieron la destrucción de nuestras costas-, procede de esos conglomerados ideológicos en los que se mezclan, con la indecencia, alguno de los males a que se ha aludido. (Emilio Lledó, 2011)


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