La Restauración
Dictadura de Primo de Rivera



Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930):
En junio de 1927 se puso fin a la guerra de Marruecos y, tres meses después, se produjo la convocatoria de la Asamblea Nacional Consultiva, conformada orgánicamente (de forma corporativa, es decir, por representantes de instituciones y no de partidos) y encargada de redactar una nueva constitución, así como de aprobar otra serie de leyes fundamentales. No obstante, fue en el campo de la Hacienda y de las obras públicas donde el régimen dictatorial consiguió ganar sus mejores bazas. Calvo Sotelo logró aliviar la deuda pública y monopolizó un sector productivo clave como era el petróleo. En obras públicas, al calor de la situación económica, se ampliaron y mejoraron carreteras, puertos y regadíos. La oposición a la dictadura se acrecentó especialmente a partir de 1928: tanto intelectuales (Miguel de Unamuno, Ramón María del Valle-Inclán, Fernando de los Ríos o José Ortega y Gasset), como estudiantes, políticos de casi todas las tendencias, sindicalistas y militares, especialmente artilleros, se enfrentaron al régimen, en algunos casos mediante conspiraciones e incluso sublevaciones, como la Sanjuanada de junio de 1926 o el movimiento revolucionario que, en enero de 1929, encabezó el político conservador José Sánchez Guerra. Ante la creciente presión de la mayoría de los sectores de la población y la falta de apoyo de sus propios compañeros de armas, Primo de Rivera presentó al rey Alfonso XIII su renuncia el 28 de enero de 1930, dejando tras de sí todo un cúmulo de problemas irresueltos, incluida la misma viabilidad del sistema monárquico. Poco más tarde se exilió en Francia y, el 16 de marzo de ese año, falleció en París. El reinado de Alfonso XIII había quedado inevitablemente unido a la dictadura de Primo de Rivera y el final de ésta supuso el anuncio del ocaso de aquél.

Primo de Rivera despachando con Alfonso XIII Alfonso XIII Primo de Rivera Práxedes Mateo Sagasta

Falta de apoyo de la Corona a la democracia de masas:
Si la Corona hubiera mostrado un claro propósito, más aún que de abrir un proceso constitucional, de reformar un sistema basado en el fraude electoral; si los partidos dinásticos, que habían denunciado una y otra vez el vacío sobre el que estaba edificado todo el sistema político en España, hubieran optado con firmeza por la limpieza del sufragio, no habrían tropezado con ninguna oposición para llevar a cabo sus proyectos. Conscientes de la necesidad de esas reformas lo eran, al menos desde principios de siglo: Maura no dejó nunca de hablar de la urgencia de una revolución desde arriba que liquidara el caciquismo; y Canalejas se afirmó como líder del partido liberal proclamándose demócrata y de izquierda. Pero a pesar de tanto discurso sobre la urgencia de las reformas, nadie puso eficazmente manos a la obra. Ni la Corona, con los partidos del turno, mostró interés alguno en abrir el sistema, ni los reformistas y sus circunstanciales aliados tuvieron fuerza suficiente para imponer su apertura. Las bases sobre las que se había construido la vida política, con el turno garantizado entre conservadores y liberales, y la exclusión de todos los demás, se quedaron definitivamente estrechas. El turno pactado y el fraude electoral, ideados para garantizar la estabilidad del sistema, fueron las causas directas de su altísima inestabilidad desde el mismo momento en que los dos partidos perdieron su liderazgo único y ofrecieron al Rey varias posibilidades para designar al presidente que fabricaría la siguiente mayoría. Así, a medida que el Rey le tomaba gusto al juego político e intervenía de manera más directa en las disputas entre partidos y en el seno de cada partido, los gobiernos tropezaron con crecientes dificultades para llevar mayorías fieles a las Cortes a pesar del permanente amaño de las elecciones. En todo caso, si cuando el Parlamento comenzó a dar muestras de independencia respecto a los gobiernos y a servir como caja de resonancia de los escasos diputados socialistas y republicanos que representaban demandas populares, la Corona y el Ejército no hubieran recurrido al golpe de Estado, es más que probable que la Monarquía hubiera conseguido apoyos suficientes para conducir un tránsito pacífico del liberalismo oligárquico a una democracia de masas. Lo prueba bien el hecho de que la Monarquía española, a pesar de las turbulencias que acompañaron en toda Europa el fin de la Gran Guerra y la caída de tronos, salió relativamente bien parada de los conatos revolucionarios de 1917. No fue la fuerza de las oposiciones antisitema, reducidas a sus expresiones sindicalistas, socialistas y republicanas, las que hicieron tambalear el edificio monárquico; no fueron el movimiento obrero ni el más bien estancado movimiento republicano los que pusieron en peligro a la monarquía constitucional. La única causa de inestabilidad procedió de la misma clase política del régimen, porque, divididos en facciones los partidos dinásticos, la capacidad de los gobiernos de traer parlamentos dóciles se había evaporado: los gobiernos lo eran siempre de facción y ni siquiera podían garantizar la fidelidad de todas las facciones de su propio partido. En poco más de los cinco años que la Constitución establecía como límite de una legislatura -desde febrero de 1918 hasta el golpe de Estado militar- se celebraron cuatro veces elecciones generales, se suspendieron en nueve ocasiones las sesiones parlamentarias, hubo doce gobiernos y rotaron en la cabeza del banco azul hasta siete diferentes presidentes del Consejo.

Caída de la monarquía (1931):
Primo de Rivera presentó su dimisión el 28 de enero de 1930, terminando siete años de dictadura. Para intentar una nueva etapa Alfonso XIII elige al general Berenguer, responsable del desastre de Annual, pero uno de sus últimos incondicionales. El 17 de agosto se reúnen en San Sebastián los altos representantes del republicanismo como Lerroux, Azaña, Alcalá-Zamora, Marcelino Domingo, Miguel Maura o Indalecio Prieto. Forman una amplia alianza de oposición a la monarquía.

    [Tras la renuncia del dictador] todos los partido solicitaron la formación de unas Cortes Constituyentes, y las fuerzas políticas republicanas, unidas por el Pacto de San Sebastián, formularon un programa de acción conjunta con la izquierda catalana y el Partido Socialista. La convocatoria de Berenguer puso de manifiesto el desgaste de las fuerzas monárquicas. En febrero, su oferta de unas elecciones encontró una oleada de abstencionismo: los dirigentes de los partidos se negaban a aceptar sus elecciones mientras siguieran en pie los anteriores ayuntamientos, designados por el gobierno. Un nuevo gobierno, presidido por el almirante Aznar, decidió celebrar elecciones municipales. (G.Duby)

El 12 de abril de 1931 se producen unas elecciones municipales en la que los republicanos obtienen la victoria en las ciudades y los monárquicos en las áreas rurales. Pese a la escasa rotundidad del resultado, Alfonso XIII y sus consejeros lo interpretaron como un voto popular contra la monarquía. El 14 el rey hace pública su renuncia a ejercer el poder y lo deja en manos del presidente de gobierno, Juan Bautista Aznar-Cabanas, quien lo confía a su vez al gobierno provisional de Alcalá-Zamora y Torres. El 15 el rey abandona el país sin haber llegado a abdicar. El gobierno provisional proclama la República.


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